La Guardia Civil, en el transcurso del operativo ‘Oleo’ y dentro de sus funciones de protección del patrimonio natural, está investigando a tres personas físicas y una jurídica por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medioambiente. La investigación se ha iniciado tras detectar determinados vertidos industriales contaminantes al cauce natural de un río en Huelva.
El Instituto Armado (guardiacivil.es) ha informado que fueron funcionarios del Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia en Huelva los que iniciaron en el pasado mes de marzo una investigación, al detectar una serie de vertidos de origen industrial que iban a parar finalmente a un cauce de agua natural, en concreto, a la rivera de Calaboza.
Después de realizar las inspecciones técnicas oportunas para localizar el origen de la contaminación, los agentes descubrieron un complejo entramado de bombeo y tuberías ocultas. Este sistema se utilizaba para evacuar, de forma ilegal y directamente desde unas balsas, residuo de alpechín -líquido altamente contaminante sobrante de la producción de aceite y aceitunas-.
Desde el Ministerio de Interior (interior.gob.es) se ha dado a conocer en torno a este caso que, debido a la gran cantidad de líquido arrojado, el vertido avanzó a lo largo de unos siete kilómetros a través de barrancos que habitualmente están secos, hasta alcanzar el curso principal.



Estas aguas contaminadas terminaban desembocando en el Pantano del Chanza, un embalse onubense cuyas aguas se destinan de manera prioritaria al consumo de la población.
Los agentes realizaron varias tomas de muestras en diferentes puntos del recorrido. Estos análisis, realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, confirmaron que los niveles de contaminación eran totalmente compatibles con este residuo industrial del sector olivarero.
Este tipo de vertidos tiene gran cantidad de materia orgánica, consumiendo por completo el oxígeno disuelto, lo que puede provocar efectos tóxicos sobre los organismos acuáticos, incluso la muerte inmediata por asfixia de peces y plantas.
Estos hechos pueden constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, que puede conllevar penas de prisión de seis meses a dos años, multas económicas e inhabilitación especial para profesión u oficio.
Por ello, la Guardia Civil ha procedido a la investigación de un total de tres personas y una sociedad mercantil, instruyendo las correspondientes diligencias y poniéndolas a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva.



