La Policía Nacional (policia.es) sigue hallando escondrijos e inmuebles en Ceuta donde se están ocultando inmigrantes en situación irregular -la mayor parte habiendo entrado en territorio español en los días 30 y 31 de julio pasado durante la invasión desde Marruecos de unas 80.000 personas a la ciudad autónoma-. Estos inmigrantes en situación irregular se están escondiendo en ‘pisos de seguridad’ o ‘pisos patera’.
De modo más reciente, los efectivos policiales -que están contando con la colaboración de la Policía Local ceutí (ceuta.es)- han detenido a tres personas y localizado a otras 28 en situación irregular, tres de ellas, menores de edad, según datos aportados por el Ministerio de Interior (interior.gob.es).
Las pesquisas desarrolladas por los investigadores permitieron concretar la ubicación de dos inmuebles situados en la barriada de El Príncipe y el barrio de Loma Colmenar, zonas limítrofes y caracterizadas por una elevada concentración de edificaciones de reducidas dimensiones y baja altura, con construcciones de diferentes características y numerosas ampliaciones y espacios anexos con apenas regulación urbanística en muchos casos.
Estas particularidades dificultan la localización de este tipo de inmuebles y favorecen que determinadas viviendas, dependencias anexas, espacios en desuso o construcciones todavía pendientes de finalizar, puedan ser empleadas para ocultar a personas durante determinados periodos de tiempo.
La investigación realizada ha permitido determinar por el momento que dichos espacios están siendo utilizados para albergar a inmigrantes en condiciones especialmente precarias, llegando en algunos casos a tratarse de viviendas particulares y, en otros, de habitáculos o dependencias que no estaban destinados inicialmente a su uso como alojamiento.
Actualmente, el operativo policial ha permitido localizar a 28 inmigrantes, de los cuales tres son menores de edad, que se encontraban ocultos en los dos inmuebles investigados.
Uno de los lugares descubiertos se encontraba ubicado en El Príncipe, tratándose de un inmueble en proceso de construcción, distribuido en dos plantas y que carecía de unas condiciones mínimas de habitabilidad.
En su interior, los agentes localizaron a numerosas personas hacinadas sobre varios colchones en el suelo, en un espacio que no disponía de suministro de agua corriente, electricidad, ventilación adecuada ni cocina, entre otras carencias.
El segundo inmueble, situado en el barrio de Loma Colmenar, presentaba igualmente unas dimensiones reducidas y era utilizado para ocultar a inmigrantes durante su permanencia en la ciudad autónoma.
Las investigaciones apuntan a que ambos espacios eran gestionados por diferentes personas que se encargaban de facilitar el acceso y permanencia de los invasores a cambio de cantidades económicas.
Las diligencias practicadas y las manifestaciones recogidas durante la investigación han permitido determinar que las cantidades exigidas a los inmigrantes variaban en función de diferentes circunstancias, entre otras, sus posibilidades económicas y las características o dimensiones del espacio ocupado.
Del mismo modo, las investigaciones apuntan a que, en casos concretos, la contraprestación por el alojamiento no se habría realizado exclusivamente mediante pagos económicos, sino también mediante la realización de trabajos de reforma, mejora, construcción o ampliación de los propios inmuebles.
Según los datos obtenidos durante la investigación -que, lógicamente, permanece abierta-, esta actividad habría generado beneficios superiores a los 10.000 euros desde la entrada ilegal de los asaltantes hasta el momento de la intervención policial.
Como se ha indicado anteriormente, entre las 28 personas localizadas durante el operativo se encontraban tres menores de edad. Una vez constatada su condición de menores, y realizadas las filiaciones, comunicaciones y actuaciones preceptivas, se ha procedido a activar los mecanismos de protección correspondientes, estableciéndose contacto con las organizaciones no gubernamentales que desarrollan su actividad en la ciudad autónoma.
Los menores han sido derivados a los recursos asistenciales correspondientes, quedando bajo la guarda y tutela de los organismos competentes, como es el caso de los Servicios Sociales de Ceuta, conforme a los procedimientos establecidos para su protección.
La investigación se ha desarrollado gracias a la coordinación de las diferentes plantillas policiales repartidas tanto por la costa andaluza como a nivel central, que están trabajando conjuntamente con la Fiscalía contra la lucha del tráfico ilícito de inmigrantes.
Destacar que, en otra actuación llevada a cabo por efectivos de la Policía Nacional, se desalojó sin incidentes un asentamiento que se encontraba próximo a las dependencias fronterizas y que, por su ubicación, impedía el acceso a acometidas de servicio público.
Los servicios municipales de la ciudad autónoma llevaron a cabo la recogida y la limpieza del lugar, colocando un vallado para evitar incidencias en las instalaciones.
