La Policía Nacional ha dado a conocer en sus canales de distribución la desarticulación en La Línea de la Concepción de una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en la explotación de una investigación iniciada en el año 2024. Hay doce personas detenidas por este caso.
Como resultado del operativo, a las personas detenidas se les acusa de ser presuntas responsables de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración irregular, prostitución coactiva, pertenencia a grupo criminal y otros delitos conexos.
Asimismo, se han practicado 13 registros domiciliarios, en los que los agentes han intervenido abundante material de interés para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades de los investigados.
Durante el desarrollo de la operación, los agentes de la Policía Nacional (policia.es), adscritos a la Comisaría en La Línea de la Concepción, localizaron y liberaron a una docena de mujeres, presuntas víctimas de la explotación sexual.
Los agentes pudieron comprobar la existencia de una estructura organizada, que se dedicaba presuntamente a la captación de mujeres extranjeras en situación de especial vulnerabilidad, utilizando falsas expectativas laborales relacionadas con el ejercicio de la prostitución. Una vez aceptaban las condiciones ofrecidas, las mujeres eran trasladadas y alojadas en distintos inmuebles, donde comenzaba un sistema de explotación basado en el control permanente de su actividad.
La organización se habría aprovechado de la situación de necesidad económica y administrativa de las víctimas, muchas de ellas en situación irregular, utilizando esta circunstancia como un mecanismo de presión para dificultar cualquier intento de abandonar la actividad o denunciar los hechos.
Los investigadores detectaron un sistema de vigilancia y control constante, mediante el que se limitaban los movimientos de las mujeres, se establecían sus horarios, se seleccionaban los clientes y se gestionaba la actividad desarrollada.
Las víctimas permanecían sometidas presuntamente a un estricto control mediante amenazas e intimidaciones, así como a través de una situación de dependencia económica generada por el pago continuado de alquileres, comisiones y otros gastos impuestos por los responsables de la organización.
Las mujeres residían en los mismos inmuebles donde eran explotadas sexualmente, permaneciendo aisladas y bajo supervisión continua. Los investigadores detectaron indicios compatibles con situaciones de explotación y coacción, así como diferentes mecanismos destinados a impedir que las víctimas pudieran abandonar el entorno controlado por la organización.
Los investigadores concretaron durante su labor que los inmuebles utilizados para el desarrollo de la actividad investigada eran propiedad de una sociedad mercantil con sede en Gibraltar, desde la que se articulaba la titularidad de las viviendas empleadas presuntamente por la organización.
También determinaron la existencia de un reparto de funciones entre los integrantes del grupo, que asumían distintas responsabilidades relacionadas con la captación de mujeres, la gestión de los inmuebles, el control de las víctimas, la organización de los servicios, la seguridad de los pisos y la obtención de los beneficios económicos derivados de la explotación sexual.
