La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Ecuador, y en el marco de la que se ha denominado operación ‘Mondragón’, ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína a través de diversos puertos de España, principalmente, por los de Málaga, Algeciras y Valencia.
Para tal fin, los principales investigados habrían establecido un complejo entramado societario que servía para dar apariencia de legalidad a importaciones provenientes de Sudamérica, y camuflar la droga en algunos de estos envíos.
La investigación se iniciaría a lo largo del año 2024, cuando se llevaron a cabo varias actuaciones policiales que condujeron a la incautación de distintos contenedores marítimos, con un total de 21 toneladas de cocaína en Brasil, Ecuador y en los puertos españoles de Málaga, Algeciras y Valencia.
Fruto de estas actuaciones se efectuaron tanto detenciones de intervinientes en alguna de las operativas como la recopilación de pruebas e indicios contra los verdaderos organizadores de la actividad criminal, que operaban fundamentalmente entre España y Dubái.
Según el relato de la explotación policial (guardiacivil.es), la organización criminal estaba compuesta por tres ramas.
La primera, la española y principal, conformada por ciudadanos españoles y marroquíes que se encargaban de la creación de la estructura empresarial necesaria para la importación de los contenedores desde Sudamérica, y cuya función era la de dar apariencia de legalidad a esta actividad, así como dar un destino a la carga legal.
La segunda de las ramificaciones se encontraba en el país de origen, en concreto, en Ecuador, desde donde salió la mayor parte de la droga incautada. Desde los principales centros logísticos del país, principalmente el puerto de Guayaquil, controlaban la ‘contaminación’ de los contenedores que finalmente habrían de llegar a España.
Por último, la tercera rama estaba asentada en Dubái, y la conformaban los inversores de origen albanés, que inyectaban grandes cantidades de dinero a las empresas españolas que, a su vez, servía como pago para dotar de actividad a las mismas, y poder camuflar así grandes envíos periódicos de droga.
En marzo del pasado año se realizó la explotación de la primera fase de la investigación en Ecuador, cayendo la rama asentada en dicho país, y de la que se derivó la realización de 50 registros domiciliarios en diversos puntos del aquel territorio, así como la detención de 36 personas. En este operativo participó personal de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil integrado en la fuerza policial ecuatoriana (policia.gob.ec).
En España, como consecuencia de esta investigación de más de dos años, se han llevado cabo registros domiciliarios y detenciones en las provincias de La Rioja, Alicante, Sevilla y Cádiz.
La actuación se ha saldado con la detención e investigación de ocho personas en España y la incautación aproximada de un millón de euros en efectivo que se encontraron en los registros efectuados en la población de Arnedo (La Rioja). Asimismo, se han bloqueado numerosas propiedades, vehículos y productos financieros.
La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo Central Antidroga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Ecuador (UIACE y UIPA). Ha sido coordinada por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) (europol.europa.eu) y por la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), a través de la Red Mundial de Información sobre Drogas (proyecto GDIN) que en España capitanea el Instituto Armado.
La investigación en España ha sido dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga y el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional.
