La Guardia Civil ha detenido a la presunta autora de una estafa continuada cometida contra una persona de avanzada edad, a la que consiguió convencer para que realizara 330 transferencias bancarias por un importe superior a los 115.000 euros. La posible a autora de los hechos ya se encuentra en prisión.
La investigación ha estado a cargo de la Cibercomandancia de la Guardia Civil (guardiacivil.es), y se inició cuando la entidad bancaria de la víctima, en el marco del acuerdo de colaboración que tiene suscrito con el Instituto Armado para la detección y prevención de fraudes sobre personas vulnerables, detectó una operativa económica incompatible con el perfil habitual de la clienta, y presentó la correspondiente denuncia, al considerar que podía estar siendo víctima de una estafa.
Tras la recepción de la denuncia, los especialistas de la Cibercomandancia iniciaron un exhaustivo análisis de la operativa financiera y de los elementos tecnológicos asociados a los hechos, constatando que la perjudicada llevaba un largo periodo realizando numerosas transferencias a favor de una misma persona. Las gestiones permitieron reconstruir el recorrido del dinero y establecer las líneas de investigación que, posteriormente, fueron desarrolladas de forma coordinada con el Equipo de Policía Judicial (UOPJ) del Puesto Principal de Chiclana de la Frontera.
Las pesquisas policiales permitieron determinar que la víctima había conocido a la ahora detenida a través de una psicóloga de un servicio asistencial, completamente ajeno a los hechos investigados. A partir de ese momento, la presunta autora fue estrechando la relación de confianza con la mujer hasta conseguir que ésta accediera a prestarle ayuda económica de forma continuada.
La detenida alegó atravesar una delicada situación de salud, y solicitó diversas cantidades de dinero para hacer frente a supuestos gastos médicos, tratamientos, desplazamientos, trámites administrativos y traslados en ambulancia. Posteriormente, cuando dejaron de concurrir estas circunstancias, comenzó a justificar nuevas peticiones económicas asegurando que era su hijo, residente en Sudamérica, quien atravesaba una difícil situación y necesitaba ayuda urgente.
Como consecuencia de este engaño continuado, la víctima efectuó 330 transferencias bancarias por un importe superior a los 115.000 euros, convencida de que estaba prestando ayuda económica a una persona que lo necesitaba.
El elevado grado de confianza alcanzado quedó reflejado en diversos episodios acreditados durante la investigación. Entre éstos, la víctima llegó a custodiar en su domicilio dos tarjetas bancarias pertenecientes a la ahora detenida, después de que ésta le manifestara que prefería dejárselas para evitar perderlas. Esta circunstancia reforzó en la víctima la convicción de que mantenían una relación basada en la confianza mutua.
Esa misma confianza llevó a la víctima a acudir posteriormente a una notaría para formalizar un contrato privado de préstamo entre particulares por importe de 22.000 euros, con la esperanza de que el dinero le sería reintegrado en el plazo acordado. La formalización de este documento contribuyó a dotar de apariencia de legitimidad las continuas solicitudes económicas realizadas por la presunta autora de los hechos.
El análisis de la trazabilidad de los fondos, unido a las diligencias de investigación desarrolladas por la Cibercomandancia, permitió identificar a la presunta beneficiaria del dinero. Una vez plenamente identificada, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Chiclana de la Frontera practicó las gestiones operativas que culminaron con la localización y detención de la presunta autora de los hechos, quien tras ser detenida sería puesta a disposición de los juzgados de San Fernando, donde se decretó su ingreso en prisión provisional.
