La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo falsos. La red cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente falso y habría tramitado ilegalmente más de un centenar de casos. Se trata del operativo denominado por el Instituto Armado ‘Lutasanol’ (guardiacivil.es), realizado especialmente en la provincia de Almería.
La operación se ha saldado con la detención del principal captador de la trama y la investigación de otros tres presuntos implicados, dos administradores de una empresa utilizada para la actividad fraudulenta y un gestor laboral que colaboraba con la trama, sostiene la Benemérita.
Asimismo, se ha llevado a cabo un registro en el establecimiento que servía como centro de operaciones de la trama, donde se ha intervenido abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas relacionadas con la actividad delictiva, y dinero en efectivo procedente, presuntamente, de los cobros realizados a las víctimas.
Según la investigación, que comenzó el pasado año, los miembros de la organización captaban a personas extranjeras que buscaban obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España. Para ello, les ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes con el objetivo de presentar documentación aparentemente legal ante la Administración, pidiendo a cambio cantidades que oscilaban entre los 4.500 y los 10.500 euros.
Los agentes han constatado que la organización realizaba altas de trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara esas contrataciones. Estas prácticas generaron un fraude superior a los 100.000 euros y se da la circunstancia de que con esta supuesta actividad empresarial los ‘trabajadores’ podían incluso obtener de modo indebido prestaciones y subsidios públicos.
La organización extendía su actividad más allá de la provincia de Almería, captando ciudadanos en Murcia y otros puntos de las provincias de Huelva, Granada, Málaga y Albacete.
La estructura contaba con funciones perfectamente repartidas entre captadores responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de dar apariencia de legalidad a toda la operativa. Se trataba de una activa red criminal interprovincial que habría facilitado ilegalmente más de un centenar de expedientes de regularización, obteniendo un beneficio económico mediante la explotación de la necesidad de ciudadanos extranjeros que buscaban regularizar su situación administrativa en España.
Durante la explotación de ‘Lutasanol’ se procedió a la detención de una persona, que ejercía las funciones de captador, así como a la investigación de los administradores de la empresa mercantil, que fueron localizados en Santa Cruz de Tenerife y en Madrid, además del gestor laboral/contable, con despacho profesional en Almería.
La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería y por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil en El Ejido, siendo dirigida por el Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción nº 5 de los de El Ejido.
