Abierta una operación contra el fraude a personas vulnerables a través de sus supuestos bancos

En la investigación se han esclarecido 134 hechos de un fraude superior al 1.100.000 euros, y analizados 400 canales de una aplicación de mensajería privada, que tenía registrados 300 usuarios y se ha conseguido la identificación plena de cien de ellos. Los agentes llevaron a cabo tres entradas y registro -dos en Madrid y una más en Cádiz-, y procedieron al arresto de 43 personas, además de otras 13 investigadas no detenidas y hay un total de 95 imputadas
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Agentes de la Policía Nacional han detenido de momento a 43 personas en España que, presuntamente, habrían estafado a más de 130 víctimas simulando ser el departamento antifraude de sus entidades bancarias, ocasionando un perjuicio superior a 1.140.000 euros en 134 casos.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales y, además, hay otras 13 personas a las que se les ha tomado declaraciones como investigadas, de un total de 95 imputadas. El operativo continúa abierto.

La investigación de la Policía Nacional (policia.es) se inició hace un año, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una aplicación de mensajería privada donde, a través de diferentes canales, grupos criminales se organizaban para realizar estafas con identidades ficticias, cada uno, desempeñando un rol concreto, y permanecían en el anonimato para dificultar ser identificados.

La persona que creaba el grupo solía ser el que iba a liderar la campaña de fraude, e iba añadiendo a gente de su confianza para cubrir todas las funciones que se requerían.

El ‘modus operandi’ de estos individuos comenzaba con el envío masivo de mensajes sms a clientes de entidades bancarias, simulando ser el departamento de seguridad o prevención de su banco, tras haber estudiado el perfil de las víctimas que, por lo general, eran personas mayores de 65 años.

En estos sms alertaban de una supuesta transacción fraudulenta que se estaba cometiendo en su cuenta bancaria, indicando un teléfono o página web al que debían contactar para solventar la incidencia.

El mensaje aparentemente parecía ser remitido por los bancos mediante la sustitución de los datos de cabecera del remitente. De esta forma accedían al hilo de los emitidos anteriormente por la entidad bancaria en cuestión, lo que provocaba que la víctima no dudara de la legitimidad de la información recibida.

Los métodos más habituales que utilizaban era transferir el dinero a otras posiciones, bien directamente o a través de ingresos en cajeros, haciéndoles creer que son operaciones necesarias para asegurar sus fondos.

Entre las técnicas más novedosas empleadas por el grupo investigado se encuentra el ‘relay attack’, que funciona aprovechando la tecnología NFC para interceptar y reenviar la comunicación entre una tarjeta bancaria y un lector de pago.

Este ataque sigue un proceso muy definido, ya que los implicados contactan por teléfono haciéndose pasar por el banco o un servicio oficial y convencen a la víctima para instalar una aplicación falsa; a veces, piden eliminar la aplicación real, la cual compromete el móvil y lo convierte en un puente NFC.

El cliente acerca su tarjeta al móvil pensando que es una validación legítima, y se envían los datos en tiempo real a los atacantes, quienes utilizan esos datos en otro cajero u otro dispositivo como si tuvieran físicamente la tarjeta, produciéndose el fraude.

En otras ocasiones solicitaban las claves de acceso o que compartieran pantalla del terminal, de forma que así accedían al control de la aplicación y sus productos.

Estas cuentas bancarias a las que transferían el dinero se abrían a nombre de ‘mulas’, jóvenes que captaban a través de redes sociales y personas sin hogar, estando en todo momento controladas por los autores o, al menos, por un captador de ‘mulas’ para supervisar que el dinero terminara en manos de los estafadores.

Incluso llegaban a conocer los límites de las cuentas bancarias de las víctimas para hacer el traspaso en una o varias transferencias, estafando en ocasiones más 45.000 euros a una sola víctima.

Cuando el estafado se percataba de estos hechos, los presuntos autores les llegaban a intimidar y amenazar con mensajes que contenían datos personales de cada víctima y sus domicilios, consiguiendo atemorizarles y, en muchas ocasiones, consiguiendo que no denunciaran.

El grupo criminal tenía una estructura muy profesional, con diferentes roles y altos conocimientos de informática, estructurándose en conseguidores de bases de datos que, además, trataban las bases de datos originales que obtenían ilícitamente cruzando sus datos y seleccionando los perfiles de víctimas considerados vulnerables para integrarlo las llamadas de clientes.

También estaban quiénes se hacían pasar por un empleado del banco para realizar las llamadas directamente a las víctimas de la estafa y convencerlas para que realizaran la transferencia; ‘mulas’ que contrataban y manejaban cuentas bancarias abiertas a nombre de diferentes personas y, en otros casos, se encargaban de reintegrar los fondos a través de cajeros automáticos o transferencias a diferentes cuentas.

En la estructura criminal también se detectó por la Policía Nacional quiénes realizaban los cambios de dinero por criptomonedas.

Las campañas de ataques estaban perfectamente coordinadas y podían durar unas horas, un día o meses, cerrándose dicho chat una vez habían realizado varias estafas o consideran agotada la posibilidad de lucro con los datos que manejan de las víctimas.

La persona que dirigía la actividad solía hablar directamente con las víctimas, y quien se proveía de las personas que cubrían sus necesidades técnicas en la configuración de equipos y cuentas, o participaban en desviar y camuflar el dinero estafado.

La operación policial se realizó en tres fases, terminando la última fase de la explotación con la realización de tres registros -dos en Madrid y uno en Cádiz-, consiguiendo la detención de 43 personas, 13 investigados no detenidos, y un total de 95 imputados, por los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales.

Como se ha indicado al comienzo de esta información, han sido esclarecidos 134 hechos, con un fraude de más de 1.140.000 euros estafados, y se han analizado 400 canales y grupos de la aplicación de mensajería privada, consiguiendo recopilar 300 identidades, de las que se han identificado plenamente a 100 personas.

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