Fraude masivo a la Seguridad Social en Melilla con el arresto de casi un centenar de personas

Los detenidos declaraban falsas bajas laborales mientras simulaban ejercer como trabajadores autónomos o asalariados por cuenta ajena. La investigación ha constatado que el fraude cometido supera los 3.500.000 de euros. Están implicados un gestor y un médico melillenses
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La Policía Nacional han detenido a 73 personas, todas afincadas en Melilla, como presuntas responsables de un fraude masivo a la Seguridad Social, merced a declarar falsas bajas laborales mientras simulaban ejercer como trabajadores autónomos o como asalariados por cuenta ajena. Los agentes han detectado que el fraude supera los 3.500.000 de euros.

La investigación ha permitido constatar la existencia de una organización con un claro ‘modus operandi’. Los presuntos defraudadores se inscribían en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (seg-social.gob.es) en una actividad laboral de escasa cualificación -albañilería, peluquería, mozo de almacén…-, si bien se autoasignaban una base de cotización muy elevada y desproporcionada -hasta 4.000 euros-, para el común de los ingresos medios estipulados para dicha profesión.

La Policía Nacional (policia.es) y el Ministerio de Interior (interior.gob.es) han dado a conocer sobre esta operación que, a los pocos días de constar de alta, los investigados declaraban haber sufrido un accidente cuyas secuelas le impedían realizar dicho trabajo, por lo que causaban baja laboral en ese mismo instante.

En ese momento, pasaban a percibir una prestación mensual en proporción a la base de cotización impuesta que, como ya se ha indicado, era de muy alta cuantía. Los accidentes aludidos solían ser caídas fortuitas o enfermedades, si bien, lo común era indicar ser víctima de un falso accidente de tráfico en el que figuraban como testigos otros integrantes de la trama que, a su vez, en otros casos se presentaban como accidentados para beneficiarse del fraude descrito.

Además de como trabajadores autónomos, a lo largo de la investigación se ha comprobado que la mayoría de los implicados igualmente estaban de alta en el Régimen General de la Seguridad Social como asalariados de terceras personas, por lo que en el momento de causar baja laboral recibían otra prestación mensual a sumar a la referida anteriormente como trabajador autónomo.

En este punto, los investigadores detectaron que dichas contrataciones eran efectuadas por un grupo reducido de los mismos empresarios, además de advertir que dichas relaciones laborales databan de escasos días antes de haberse causado la baja, por lo que los referidos contratadores pasaron a ser considerados también como investigados.

Al año de la baja laboral, y tras superar las pertinentes revisiones médicas periódicas, los investigados eran sometidos a examen por un tribunal médico para decretar si procedía desestimar la baja del presunto afectado y retornar a su actividad laboral o, por el contrario, apreciar una verdadera lesión y conceder la invalidez permanente, con lo cual, el defraudador hubiese logrado el fin buscado de obtener una pensión vitalicia.

Tras analizar todos los casos, los agentes constataron que los encartados eran vecinos de un mismo distrito de la ciudad, además de haberse encontrado lazos familiares y relaciones de parentesco entre la inmensa mayoría de ellos.

Fruto de dicha vecindad, todos acudían al mismo centro de salud para prolongar las bajas laborales, detectando a su vez que un médico en concreto atendía a la mayor parte de los encartados, por lo que dicho facultativo se halla igualmente encausado en la investigación, y que muchos de los accidentados presentaban lesiones en la misma parte de su anatomía. Las gestiones practicadas han demostrado que, durante las revisiones médicas, se ha aportado la misma resonancia magnética en más de una ocasión.

Asimismo, mediante el análisis de la numerosa documentación recabada, los agentes comprobaron que un porcentaje muy elevado de casos era representado por una misma persona, quien se encargaba de toda la burocracia inherente al fraude.

Este gestor administrativo, que ejerce su actividad en Melilla, ya había sido detenido en varias ocasiones por su participación en delitos de falsedad documental, estafa y fomento de la inmigración irregular. Gracias a los testimonios de los propios encartados, se puede saber que el citado gestor administrativo, quien no consta como colegiado ni en dicho gremio ni en el de la abogacía, fue el principal urdidor de la trama aprovechando sus conocimientos en la materia para llevar a cabo el fraude.

Durante el operativo policial realizado en Melilla y días posteriores se han detenido 73 personas, y tomado declaración a un investigado no detenido. Asimismo, se ha realizado un registro en la oficina del principal encausado, donde se intervino abundante documentación, tanto física como electrónica, que será analizada con posterioridad.

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