El Ministerio de Interior ha dado a conocer la desarticulación de una trama delictiva por efectivos de la Policía Nacional (policia.es) y de la Guardia Civil (guardiacivil.es), en una operación conjunta coordinada por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) (europol.europa.eu), en la que se han detenido a 27 personas en las provincias de Madrid (14), Málaga (2), Ibiza (4), Pontevedra (1), Almería (3), León (2) y República Dominicana (1).
A todas estas personas se les imputan los delitos como presuntos responsables de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Según la información trasladada por el ministerio (interior.gob.es), se han realizado 38 entradas y registros simultáneos en España y República Dominicana, en los que también han participado agentes de la Policía Judiciária de Portugal (policiajudiciaria.pt), interviniéndose 40 vehículos de alta gama; dos embarcaciones; 6 armas de fuego -entre ellas, una de guerra-; criptoactivos por valor superior a 1.300.000 dólares Tether; más de 270.000 euros; más de 76.000 dírhams de Emiratos Árabes; y 1.175 dólares.
La investigación comenzó en septiembre de 2023, cuando se constató a partir del análisis de plataformas de mensajería encriptadas, que existía una red que realizaba envíos de droga con destino a Europa, lo que permitió descubrir a los presuntos responsables de cuatro incautaciones de cocaína en Panamá, con un peso total superior a 1.500 kilogramos de estupefaciente.
Tras varias pesquisas, se pudo comprobar que este entramado formaba parte de la rama española de la estructura criminal, dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional, y que contaba con una elevada capacidad operativa y económica.
De igual manera, se constató que, entre los años 2020 y 2021, la organización estableció rutas para importar cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, utilizando las modalidades conocidas como ‘gancho ciego’, ‘rip off’ o ‘preñado’, lo que les permitió abastecer de manera continuada a importantes organizaciones criminales asentadas en España.
El avance de la investigación permitió descubrir un entramado empresarial destinado a canalizar los beneficios del narcotráfico hacia el mercado inmobiliario. A través de sociedades mercantiles, los investigados invertían en promociones, urbanizaciones completas y viviendas de lujo, especialmente, en Ibiza, Marbella y Madrid.
La investigación permitió localizar numerosos activos vinculados a los investigados y descubrir diversas estructuras societarias, creadas específicamente para ocultar e introducir en el circuito legal los beneficios procedentes del narcotráfico.
El principal método consistía en la creación y utilización de sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria, a través de las que se canalizaban millones de euros de origen ilícito. La organización invertía en urbanizaciones completas, promoviendo y construyendo viviendas y villas de lujo, con el objetivo de ocultar la verdadera titularidad de los inmuebles y blanquear los beneficios obtenidos.
La capacidad alcanzada por el entramado en materia de blanqueo permitió a sus integrantes ampliar su actividad y ofrecer sus servicios a otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. De esta forma, además de regularizar los beneficios obtenidos de sus propias importaciones de cocaína, facilitaban a terceros la adquisición y ocultación de bienes a través de su estructura empresarial, bajo un modelo conocido como ‘crime as a service’ (crimen como servicio).
La estructura creada inicialmente para blanquear sus propios fondos terminó convirtiéndose así en una organización especializada en el lavado de activos procedentes del narcotráfico, generando una doble vía de ingresos. Por un lado, los beneficios derivados del tráfico de cocaína y, por el otro, las comisiones obtenidas por los servicios de blanqueo prestados a otras organizaciones criminales.
La cooperación internacional permitió localizar y detener a uno de los principales responsables de la organización en una villa de lujo situada en República Dominicana. Para el desarrollo de estas actuaciones se desplazaron al país representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que colaboraron con la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana (dncd.gob.do).
Además de las 27 detenciones, durante la fase de explotación se han practicado 38 entradas y registros en España, distribuidos entre Madrid (19), Ibiza (8), Almería (4), Málaga (4), Albacete (1), Mérida (1) y Pontevedra (1).
En el ámbito patrimonial, se han intervenido 40 vehículos y dos embarcaciones, y se ha acordado el bloqueo de 200 bienes muebles y 95 inmuebles vinculados a los investigados. La operación culminó con la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo. Estas medidas han permitido actuar sobre el patrimonio de una estructura que utilizaba las inversiones inmobiliarias para blanquear tanto sus propios beneficios como los de otras organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Se han tramitado 5 órdenes internacionales de detención por lo que, actualmente, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones y detenciones.
