Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la localidad malagueña de Almargen a una organización delictiva dedicada a la trata de mujeres. En la explotación de la intervención de la Policía se han arrestado a siete personas implicadas, de las que dos ya se encuentran en prisión. La Policía Nacional ha liberado a once víctimas identificadas.
Esta trama delictiva explotaba a mujeres de origen nicaragüense en el sector del cuidado de personas mayores. Los hechos se produjeron al recibirse una información en el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional (policia.es), que ponía a los agentes tras la pista de una red de explotación laboral asentada en la localidad de Almargen (Málaga).
Los investigadores, que han contado con la colaboración del Ayuntamiento y la Policía Local del municipio malagueño (almargen.es), así como de autoridades policiales nicaragüenses a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) (interpol.int), pudieron establecer el periplo de las víctimas desde su captación hasta su incursión en el mercado laboral español.
Entre los detenidos está la principal investigada, cuyo papel dentro de la organización era ser el ‘gancho’ y la persona que suponía la vía de salida desde Nicaragua hacia un futuro mejor. Ella contactaba con las víctimas, y les ofrecía un trabajo en España como internas al cuidado de personas mayores dependientes en domicilio.
La realidad con la que se encontraban las víctimas al llegar era bien distinto, no ajustándose a las condiciones ofertadas, pues debían estar disponibles la 24 horas del día, siete días a la semana, a cambio de un sueldo precario, sin derecho a festivos, vacaciones, sin contrato ni alta en la seguridad social.
Una agencia de viajes ubicada en Managua (Nicaragua) servía como tapadera para la organización. Aquí las víctimas eran aleccionadas para poder pasar los controles fronterizos y recibían la documentación y el dinero necesario para su entrada en España. Asimismo, los agentes constataron que la red era liderada por una mujer nicaragüense y su pareja española, que además contaban con el apoyo de familiares y colaboradores para tareas básicas como el envío de dinero a las víctimas en la fase inicial de captación.
Una vez en nuestro país, las víctimas eran trasladadas a un domicilio de la localidad malagueña de Almargen, propiedad de uno de los principales investigados de la organización, donde realizaban tareas de limpieza sin remuneración. Allí permanecían hasta que se les conseguía un empleo como internas, periodo durante el cual debían pagar 200 euros diarios en concepto de alojamiento.
Al conocer las condiciones abusivas a las que iban a estar sometidas, algunas de las víctimas decidían abandonar el trabajo. Sin embargo, era tarde para ello, ya que no contaban con billete de vuelta a su país y, además, se les exigía el pago de los 5.000 euros de deuda. Este importe debía ser saldado de manera mensual, en pagos de 350 euros. Si finalmente dejaban el trabajo, esa cantidad aumentaba en 100 euros como penalización.
Tras la investigación, se ha llevado a cabo un operativo policial con el objetivo de desarticular el entramado, en el que se han realizado dos entradas y registros en la localidad malagueña y se han practicado siete detenciones.
