La Policía Nacional ha desmantelado un entramado compuesto por 38 empresas implicadas en un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social (seg-social.es). El grupo criminal utilizaba una compleja red de sociedades y testaferros para eludir el pago de cotizaciones y dificultar la labor de la Administración. La operación policial se llevó a cabo en las provincias de Sevilla, León, Madrid y Murcia, y se saldó con la detención de 12 personas y la investigación de otras nueve, todas ellas implicadas en delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y pertenencia a grupo criminal.
La investigación policial, de la que se han hecho eco en sus canales de difusión tanto la Policía Nacional (policia.es) como el Ministerio de Interior (interior.gob.es), ha estado desarrollándose de manera ininterrumpida desde septiembre de 2022, teniendo su origen en una información recibida en la Policía Nacional donde se alertaba sobre posibles irregularidades relacionadas con la venta de una empresa de Seguridad Privada, tanto durante el proceso de transferencia de la compañía como en los meses posteriores a la operación.
Las pesquisas policiales permitieron a los agentes descubrir que se trataba de un grupo criminal, formado por 21 personas, con distintos grados de implicación y responsabilidad. Entre los presuntos delitos que se investigaron se encontraban infracciones a la Seguridad Social, fraude en la ejecución de procedimientos, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y delitos societarios relacionados con la gestión de la empresa.
Tras un exhaustivo análisis de toda la documentación recabada -que incluía registros tributarios, datos de la Seguridad Social, protocolos notariales y cuentas bancarias-, los agentes lograron determinar la participación de los implicados en, al menos, 38 sociedades distintas. Este entramado empresarial, habría sido utilizado para gestionar operaciones irregulares y ocultar movimientos de dinero.
La investigación ha finalizado hace escasas fechas, y se ha extendido en su explotación por varias provincias, incluyendo Sevilla, Murcia, León y Madrid, con conexiones detectadas en Lugo, Granada, Girona, Valencia y Bilbao. Como resultado, una docena de personas fueron arrestadas por su implicación directa en los hechos, mientras que otras nueve continúan bajo investigación, a la espera de que se determine su grado de responsabilidad.
