La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal, de carácter internacional, presuntamente dedicada al tráfico de personas entre Colombia y España. El entramado, que se había asentado en Sevilla, captaba a mujeres y hombres en estado de necesidad en su país de origen, y les ofrecían un ‘pack de viaje’ para llegar a nuestro país, asumiendo por ello una deuda que podía ascender a los 5.000 euros.
Los agentes de la Policía Nacional (policia.es) han podido acreditar que, al menos 22 personas, habrían entrado en España de esta manera. La operación policial ha culminado con la detención en la capital hispalense de ocho miembros de la organización, entre los que se encuentran los principales responsables.
La investigación policial se inició tras el análisis de la información recabada durante una operación desarrollada el pasado año contra una red criminal, dedicada a la trata de seres humanos. La información reveló la existencia de otra organización delictiva perfectamente estructurada, asentada en Sevilla, dedicada al traslado irregular de gran número de ciudadanos colombianos hasta España.
Los agentes descubrieron que el entramado operaba tanto en España como en el país de origen de las víctimas. En Colombia contaban con integrantes especializados en la captación de personas en situación de extrema necesidad. Aprovechándose de esa vulnerabilidad, les ofrecían la posibilidad de viajar a nuestro país para desempeñar trabajos vinculados al cuidado de personas dependientes o en el ámbito de la restauración.
La organización se servía de poner a disposición de estas personas en situación de vulnerabilidad de un ‘pack de viaje’, que incluía el desplazamiento en avión hasta España y la supuesta permanencia en el país, adquiriendo por ello una deuda económica que oscilaba entre los 4.000 y los 5.000 euros. Las víctimas, tanto mujeres como hombres, viajaban haciéndose pasar por turistas y recibían instrucciones precisas para superar los controles fronterizos, así como dinero en efectivo que debían devolver de manera inmediata tras su llegada.
Una vez en España, los integrantes de la red actuaban como una agencia de colocación, encargándose de buscar empleos para las víctimas. Los trabajos ofrecidos se centraban en el ámbito del cuidado de personas en la provincia de Sevilla o en el sector de la restauración en la provincia de Cádiz.
En este último caso, los explotadores también proporcionaban documentación ajena -de personas regularizadas o vinculadas a la organización-, para permitir su alta laboral de manera irregular por 200 euros al mes como alquiler de esos papeles administrativos. Los titulares reales de la documentación, además, se beneficiaban posteriormente de las prestaciones por desempleo generadas.
En los casos en los que las víctimas no podían pagar las cuotas de la deuda contraída, la organización criminal recurría a amenazas directas contras sus familias en Colombia. Varias de ellas se vieron obligadas a cambiar de ciudad y abandonar sus hogares para evitar represalias.
