Funcionarios policiales destinados en el puesto fronterizo del puerto de Tarifa (apba.es) han recuperado a tres menores de edad franceses, que habían sido secuestrados por su propia madre. Ésta pretendía pasar a Marruecos vía marítima para evitar la acción de la justicia europea en Espacio Schengen, ya que en Francia se le había retirado la custodia de estos hijos suyos y había varias órdenes judiciales de protección sobre los niños.
Fueron funcionarios de la Policía Nacional (policia.es) los que, al comprobar la documentación de una familia compuesta por una mujer y sus tres hijos menores de edad cuando intentaban abandonar el territorio nacional con destino a Tánger (Marruecos), constataron la existencia de diversos señalamientos internacionales sobre los menores interpuestos por las autoridades francesas a través del sistema ‘Sirene’ -procedimiento que facilita la cooperación policial internacional en el Espacio Schengen, permitiendo el intercambio de información complementaria para solicitudes de personas y objetos entre países-. De esta información recibida, se desprendía la necesidad de adoptar medidas urgentes de protección sobre los pequeños.
Según la información facilitada por las autoridades francesas, la madre, con pleno conocimiento de las actuaciones judiciales en curso, habría sustraído a los menores el pasado 21 de noviembre con la intención de eludir la acción de la justicia europea, trasladándolos fuera del ámbito comunitario.
Anteriormente, los menores habían retirados de su cuidado debido a agresiones sufridas, quedando bajo la tutela de los servicios sociales de Francia.
La relevancia de esta actuación pone de manifiesto la importancia de los controles fronterizos como herramienta fundamental para el éxito de la cooperación policial internacional, especialmente en materia de protección de menores, así como la eficacia de los instrumentos de cooperación internacional -como es el sistema ‘Sirene’-, destinados a la lucha contra la delincuencia transnacional.
Los tres menores fueron retirados a la madre y puestos a disposición de los servicios sociales para su protección, con conocimiento y autorización de la Fiscalía de Protección de Menores, que continúa con las diligencias necesarias para determinar su situación definitiva.
