La Policía Nacional, a través del Grupo Operativo de Extranjeros de la Comisaría Provincial en Cádiz, ha culminado una investigación que ha permitido desmantelar un piso donde se ejercía la prostitución en la ciudad de San Fernando, y ha arrestado a tres mujeres por su presunta implicación en los delitos de Trata de Seres Humanos y prostitución coactiva.
Según ha informado la Comisaría gaditana en sus canales de distribución (policia.es), la operación se inició tras recibirse en la Comisaría isleña varias denuncias y declaraciones de testigos que alertaban sobre la explotación sexual de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, muchas de ellas trasladadas desde sus países de origen con falsas promesas laborales.
Una vez en España, estas personas eran sometidas a condiciones abusivas, tales como jornadas de trabajo ininterrumpidas, prohibición de salir del inmueble, control por cámaras de vigilancia, escasa alimentación y la obligación de aceptar cualquier servicio solicitado, incluso poniendo en riesgo su salud.
Las inspecciones realizadas por los agentes confirmaron la presencia de víctimas en el inmueble, algunas en situación administrativa irregular. El análisis de anuncios en páginas web’s de contactos y de operaciones económicas vinculadas al teléfono de la principal investigada corroboró la actividad ilícita.
Según el relato que ha trasladado la Policía Nacional, durante la fase final de la investigación, autorizada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de los de San Fernando, se llevaron a cabo dos entradas y registros: el primero, en el piso de prostitución y, el segundo, en la vivienda de una de las detenidas. En este segundo registro se intervino una importante suma de dinero en efectivo, presuntamente procedente de la explotación sexual.
En total, se identificaron varias mujeres como posibles víctimas de Trata de Seres Humanos. Los registros permitieron, además, la incautación de teléfonos móviles y documentación que acredita el control económico ejercido sobre las víctimas.
Tras pasar a disposición judicial, la autoridad decretó la libertad provisional de las tres investigadas con medidas cautelares que incluyen la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente en el Juzgado. Asimismo, se ordenó la clausura temporal del prostíbulo durante un periodo de cinco años.
