Efectivos de la Guardia Civil (guardiacivil.es) y de la Agencia Tributaria (agenciatributaria.gob.es), en el marco de la operación ‘Backmobile’, han desarticulado una organización criminal especializada en defraudar el IVA en la comercialización de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Han sido detenidas 15 personas (siete en Andalucía), además de ser intervenidos 9.000 teléfonos móviles, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en ‘criptodivisas’ y 75 vehículos.
La investigación se ha desarrollado sobre la actividad de esta organización desde 2019, sirviéndose de un complejo entramado empresarial de distintos niveles por todo el territorio nacional y compuesto por más de 20 sociedades mercantiles, incluidas tiendas comercializadoras de telefonía móvil. Esta estructura estaba diseñada para evadir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido.
La actividad investigada ha puesto de manifiesto una operativa comercial artificial basada en el aprovisionamiento de teléfonos importados y en compras en grandes superficies aprovechando promociones.
La organización llevaba a cabo una serie de reventas, al objeto de dificultar la trazabilidad de la mercancía. La organización ideó un sistema defraudatorio en el que simulaba las reventas mediante supuestos envíos de los terminales móviles por paquetería, en los que los investigadores pudieron corroborar que en lugar del material electrónico comercializado, constaban rellenos simplemente de madera o incluso botellas de agua, con un peso idéntico al que figuraba en las facturas, todo ello, para justificar la venta y entrega de los mismos, a la vez que dificultaba la trazabilidad de la mercancía.
En última instancia, vendían los dispositivos como reacondicionados a consumidores finales situados tanto en territorio nacional –aplicando indebidamente el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU) –, como en otros estados europeos a través de plataformas de comercio electrónico.
La aplicación de diversos esquemas de defraudación del IVA les permitió realizar ventas de grandes cantidades de teléfonos móviles a un precio sensiblemente reducido respecto al de la competencia, acaparando los mercados y obteniendo beneficios económicos por estas ventas. El fraude cometido por la organización criminal podría superar los 20 millones de euros.
Durante el desarrollo de la investigación se realizó un análisis económico patrimonial que puso de relieve que los líderes de la organización investigada dedicaban la mayor parte de los beneficios de su actividad ilícita a la adquisición de inmuebles por todo el territorio nacional. Han sido bloqueados 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias utilizadas para la canalización de fondos de dichas ganancias.
A finales del pasado mes, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 6 de los de Málaga, tuvo lugar la fase de explotación de la operación. En ella se han practicado 23 registros en sociedades mercantiles y domicilios particulares a lo largo de todo el territorio nacional: nueve en la provincia de Málaga, cuatro en la provincia de Valencia, tres en la provincia de Sevilla, tres en la provincia de Madrid, dos en la provincia de Cádiz y dos en la provincia de Barcelona.
En esta fase han sido detenidas 15 personas, a saber, cinco en la provincia de Málaga, cinco en la provincia de Valencia, dos en la provincia de Madrid, una en la provincia de Sevilla, una en la provincia de Cádiz y una en la provincia de Barcelona, interviniéndose 9.000 teléfonos móviles de distintas marcas y modelos listos para ser comercializados fraudulentamente, 200.810 euros en efectivo, 35.500 dólares en ‘criptodivisas’ y 75 vehículos.
Esta operación ha sido llevada a cabo por el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa -UCO- de la Guardia Civil, junto a funcionarios de la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía -AEAT-.
