En lo que se lleva de año a nivel estadístico ya está a la mitad el número de denuncias falsas realizadas en la Comisaría de la Policía Nacional de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda.
Según ha informado la propia Policía Nacional (policia.es) en el presente año ya se ha investigado a un total de diez personas por simulaciones de delito, una práctica delictiva que consiste en denunciar hechos inexistentes con distintos fines, como cobrar indemnizaciones de seguros, ocultar información a terceros o por otros motivos similares.
Este tipo de denuncias falsas, lejos de ser inofensivas, implican la movilización de importantes recursos policiales y la apertura de exhaustivas investigaciones, ya que habitualmente se tratan de hechos graves.
Además, provocan un perjuicio económico considerable a las compañías aseguradoras, que se ven obligadas a asumir indemnizaciones basadas en hechos falsos.
Durante 2024, la Comisaría de la Policía Nacional actuó en 20 casos de este tipo. En los pocos meses transcurridos de 2025 ya se ha intervenido en diez ocasiones, lo que indica un preocupante repunte de esta práctica fraudulenta.
Los casos detectados presentan historias diversas: desde robos inexistentes en domicilios o negocios, hasta los más comunes robos con violencia. Hay que significar que un patrón repetido en varias denuncias falsas describe cómo supuestas motocicletas con dos ocupantes daban un tirón violento al salir de un local de ocio nocturno para robar bolsos. En otros casos, se llegaba a afirmar que los denunciantes eran agredidos físicamente para sustraerles dinero y objetos personales.
No obstante, tras las correspondientes investigaciones, la Policía ha demostrado en la mayoría de estos casos que los hechos denunciados no ocurrieron, lo que conlleva que quienes presentaron la denuncia falsa deban afrontar un proceso penal por simulación de delito.
Desde la Policía Nacional se recuerda que presentar una denuncia falsa no solo es un delito, sino que también representa un uso indebido de recursos públicos, afectando directamente la capacidad de respuesta de las autoridades ante casos reales. Asimismo, estas acciones pueden acarrear consecuencias legales graves para quienes las realizan.
