La Policía Nacional ha desarticulado en la Costa del Sol una organización criminal de carácter internacional, que se había especializado en la fabricación y distribución de permisos de conducir falsos del Reino Unido. La operación ha contado con la colaboración de la Policía de Fronteras (Border Security Command) de la Embajada del Reino Unido en nuestro país (gov.uk). Hay dos personas detenidas, que se cree son los cabecillas de la trama.
Según ha dado a conocer la Policía Nacional (policia.es) en sus canales de distribución y replicado en los propios el Ministerio de Interior (interior.gob.es) -dada la envergadura de este caso internacional-, la trama utilizaba empresas legales de paquetería para distribuir la documentación falsificada en el Reino Unido y otros países, cobrando alrededor de 300 euros por cada documento.
Durante la explotación de la investigación, centrada en Marbella y en Mijas Costa, los agentes intervinieron 592 permisos de conducir falsificados, más de 56.000 euros en efectivo y un laboratorio clandestino, capaz de producir hasta 100 documentos al día. Tal y como se ha indicado, han sido detenidos dos presuntos responsables de la trama delictiva, de nacionalidad británica y ucraniana, considerados los cabecillas de la organización.
La investigación se inició tras la comunicación realizada por las autoridades británicas a los agentes españoles, después de detectar e intervenir cuatro envíos postales procedentes de España que contenían un total de 287 permisos de conducir británicos falsificados. El hallazgo puso de manifiesto la existencia de un flujo continuado de documentación fraudulenta con destino principalmente al Reino Unido.
A raíz de esta información, los investigadores centraron sus pesquisas en un entramado criminal asentado en la Costa del Sol, dedicado presuntamente a la fabricación sistemática y distribución internacional de documentos falsos. Las gestiones policiales permitieron identificar tanto a los integrantes de la organización como el lugar donde elaboraban los documentos y desarrollaban toda la infraestructura logística necesaria para su envío.
Durante la investigación, los agentes interceptaron un nuevo paquete postal relacionado con los investigados. Tras la correspondiente autorización judicial, se procedió a su apertura, localizándose en su interior otros 101 permisos de conducir falsificados. Con esta actuación, los investigadores lograron intervenir un total de 388 documentos fraudulentos antes de la fase de explotación de la operación.
La organización utilizaba empresas legales de mensajería y paquetería para enviar la documentación falsificada al extranjero. Los documentos eran introducidos en sobres individuales dirigidos tanto a los compradores finales como a intermediarios encargados de su posterior distribución.
Los investigadores comprobaron además que numerosos sobres contenían documentación con filiaciones distintas a las del destinatario, lo que evidenciaba la utilización de redes interpuestas para dificultar el rastreo policial. Aunque el principal destino de los envíos era Reino Unido, también se localizaron paquetes dirigidos a otros países como Italia, Alemania, Francia o Arabia Saudí.
Las pesquisas permitieron determinar además que la organización criminal cobraba alrededor de 300 euros por cada permiso de conducir falsificado, obteniendo importantes beneficios económicos gracias al elevado volumen de producción y distribución internacional detectado durante la investigación.
En el Reino Unido, el permiso de conducir actúa habitualmente como documento identificativo para numerosos trámites administrativos y financieros, circunstancia que incrementa notablemente el valor criminal de este tipo de falsificaciones y facilita su utilización para actividades ilícitas, como la apertura fraudulenta de cuentas bancarias o la adquisición de bienes.
La fase final de la operación culminó con la detención de dos personas, consideradas los principales responsables de la organización criminal.
Asimismo, los agentes practicaron tres entradas y registros en distintos inmuebles vinculados a la trama. Durante los registros se incautaron más de 56.000 euros en efectivo, cerca de 41.000 dólares en criptomonedas, un total de 592 permisos de conducir británicos falsificados y abundante material informático y documental de interés para la investigación.
Los investigadores localizaron además un laboratorio clandestino equipado con maquinaria industrial de alta precisión destinada a la fabricación de documentos falsos. Entre los efectos intervenidos figuraban impresoras láser y de inyección de tinta de elevado valor económico, troqueladoras de termosellado, escáneres de precisión, plastificadoras, laminadoras y distintos elementos utilizados habitualmente en falsificaciones documentales, como tintas OVI y kinegramas de seguridad.
Según los investigadores, la infraestructura intervenida permitía producir hasta un centenar de documentos falsificados al día.
Para el esclarecimiento de este caso ha sido determinante la intervención de la Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional (UCRIF), donde se encuentra el denominado ‘Punto Atenas’, que actúa como ‘central inmediata de datos’ para la realización de consultas rápidas por parte de cualquier agente que en el transcurso de sus actuaciones detecte documentos con indicios de falsificación o de dudosa autenticidad.
En caso positivo, los agentes del ‘Punto Atenas’ realizan en un informe técnico con firma digital, que se adjunta a las diligencias del caso. De este modo, se da una respuesta eficaz y rápida a posibles dudas que se tengan sobre la veracidad de documentos de identidad, viaje o de conducir ligados a la investigación policial.
