Melilla, origen de una operación policial contra la explotación sexual de mujeres

Las víctimas del entramado adquirían una deuda de hasta 6.000 euros, que debían saldar en tres meses ejerciendo la prostitución durante las 24 horas al día bajo amenazas y coacciones. También eran obligadas a distribuir cocaína entre los clientes
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La Ciudad Autónoma de Melilla ha sido el origen de una importante operación policial que ha servido para desarticular una organización que se dedicaba a utilizar a mujeres para la explotación sexual en la península. Los hechos que ha dado a conocer la Policía Nacional (policia.es), han concluido con la liberación de cinco mujeres, objetos de estos abusos, y la detención de ocho personas de la organización delictiva.

Las cinco mujeres eran explotadas sexualmente por una organización criminal transnacional, presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas y distribución de medicamentos en las provincias de Toledo y Madrid.

Como se ha indicado, la operación ha culminado con la detención de ocho personas en las provincias de Toledo (7) y Madrid (1), incluidos los tres responsables de la organización, que han ingresado en prisión provisional.

Las víctimas eran captadas mediante engaños y adquirían con el entramado una deuda que podía alcanzar los 6.000 euros, que debían saldar en tres meses ejerciendo la prostitución en los pisos club de alterne durante las 24 horas al día, donde además vivían intimidadas y sometidas a constantes amenazas.

La investigación policial surge en octubre pasado en Melilla, cuando una mujer denunció haber sido víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. A raíz de esta denuncia, los agentes identificaron a una organización criminal asentada en territorio nacional, compuesta por personas latinoamericanas y españolas cuyo modo de vida radicaba en la explotación sexual de mujeres de origen sudamericano, que eran captadas en su país de origen, principalmente Colombia y Venezuela.

La red captaba a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad económica mediante engaños, prometiéndoles un futuro laboral más favorable en España. La organización criminal se hacía cargo de todas las gestiones y documentación necesarias para el viaje, informando a las víctimas que por ello contraerían una deuda de hasta 6.000 euros, que debían pagar en tres meses ejerciendo la prostitución.

Una vez en España, estas mujeres eran trasladadas a domicilios controlados por la red en la localidad de Torrijos (Toledo) y Madrid, donde eran desprovistas de su documentación y obligadas a ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída con la organización criminal.

La red contaba con mujeres que actuaban como falsas ‘madres de piso’, encargadas de ejercer un estrecho control sobre las víctimas, marcar los horarios, fijar las tarifas y gestionar el cobro de los clientes. Las víctimas tenían que tener disponibilidad de 24 horas/día y la obligación de repartir el 50% de los beneficios. Además, en las zonas comunes del domicilio había ubicadas cámaras de seguridad que grababan todo lo que ocurría en la vivienda, estando las víctimas permanentemente vigiladas.

En algunos casos, las víctimas eran conminadas a cambiar de lugares de explotación, siendo aprovechado el momento del traslado por una de las víctimas para escapar de esta red criminal, momento en el que empezó a recibir amenazas tanto desde España como desde su país de origen para que regresara y abonara el importe de la deuda.

La coordinación de la explotación sexual iba acompañada de una segunda actividad delictiva: la distribución de drogas. En los mismos inmuebles, los clientes podían adquirir cocaína. Todo esto generaba elevados beneficios económicos que eran redistribuidos entre los miembros de la organización
criminal.

Durante la fase final de la operación, en la que se ha clausurado uno de los pisos club de alterne, se ejecutaron cuatro registros en las provincias de Toledo (3) y Madrid (1), donde se hallaron evidencias de la actividad delictiva y material probatorio de gran relevancia para la investigación.

En el interior de los inmuebles se localizó una suma superior a 7.000 euros en efectivo. Asimismo, se intervinieron 2 kilogramos de cocaína, parte de ella en roca pura y otra ya preparada en dosis para su distribución. Los agentes hallaron también un laboratorio secundario para la producción de dicha sustancia con materiales específicos para el corte, manipulación y empaquetado de droga. Además, se incautó abundante documentación relacionada con la actividad criminal, así como material informático y seis teléfonos móviles de los principales investigados.

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