La Guardia Civil gaditana, en el marco de la operación ‘Medicis II’, ha investigado a seis personas por emitir informes fraudulentos de aptitud psicofísica, que son necesarios para la tramitación de permisos de conducir, licencias de armas, habilitaciones para ejercer como vigilante de seguridad, titulaciones náuticas o licencia de perros potencialmente peligrosos.
Entre los investigados se encuentran directores de centros médicos, médicos y psicólogos. A los investigados se les imputan los delitos de falsedad documental y estafa, y en ciertos casos el delito de intrusismo profesional o usurpación de identidad. En el curso de esta operación policial se han detectado que 21 personas no cumplían con los requisitos médicos para disponer de la licencia de armas, que ya han sido revocadas.
Los hechos ocurrieron cuando guardias civiles de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz (guardiacivil.es), unidad competente sobre la renovación u obtención de permiso de armas, así como la habilitación de personal de seguridad privada en el ámbito de guardería rural, observaron una serie de irregularidades en los informes de Aptitudes Psicofísicas entregados por los interesados, y que habían sido emitidos por varios centros de reconocimiento de la provincia gaditana.
Tras realizarse un estudio minucioso de cientos de informes entregados en la Intervención de Armas y Explosivos, necesarios para la tramitación de la diversa documentación sobre licencias, renovación y habilitación relacionados con armas, se detectaron anomalías.
Estos hechos hicieron que los agentes realizaran numerosas inspecciones en centros de reconocimientos de la provincia, como principales sospechosos por haber emitido dichos informes y que se convertían en el punto de mira de las primeras actuaciones.
Durante meses se realizaron trabajos de investigación y vigilancia de los centros bajo sospecha, que permitieron detectar que habían realizado informes de aptitud sin que se hubieran practicado los correspondientes reconocimientos perceptivos que establece la ley. En otros casos, algunos de los investigados habían ejercido actos propios de una profesión sin disponer del título habilitante, y en otros, los facultativos podrían haber dado su conformidad a supuestos exámenes sin haberlos realizado, ni siquiera, personalmente. Incluso se ha dado el caso de que un farmacéutico jubilado estaba realizando los exámenes para determinar la capacidad visual del interesado.
Tras declaraciones recogidas in situ a los clientes por parte de los investigadores, antes y después de entrar en los centros de reconocimiento, éstos manifestaban abiertamente que no habían sido reconocido por algunos de los facultativos obligados a estar presentes en los reconocimientos, y que únicamente habían sido parcialmente examinados, ocultando los profesionales patologías crónicas, que podrían dar lugar a la emisión de un informe de aptitud ‘No Apto’ o ‘Apto’ con restricciones.
Este tipo de prácticas podría dar lugar a una competencia desleal en cuanto a la facilidad de obtener los informes correspondientes sin limitaciones sobre otros centros que actúan de forma legal, y tienen que aumentar el coste económico al cumplir rigurosamente con el personal obligatorio y proceso a seguir.
Todo ello permitió determinar que, en dos centros de reconocimiento se estarían llevando a cabo prácticas delictivas, por lo que se procedió a la investigación de seis personas, tres en cada centro, como presuntos autores de un delito de falsedad documental y otro de estafa, atribuyendo además a varios de ellos el delito de intrusismo profesional o usurpación de identidad. En total, se han inspeccionado 12 centros, donde se han detectado 14 infracciones administrativas graves y muy graves.
Los investigadores han localizado a 38 personas sobre las que existían serias dudas respecto de los certificados de aptitud presentados, por lo que se ha solicitado a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz (juntadeandalucia.es), para que acredite sus condiciones psicofísicas. Hasta el momento, 21 de ellos no disponían de las condiciones necesarias o renunciaban a las licencias antes de pasar por la inspección médica.
Durante la explotación de la operación ha sido fundamental el apoyo, la colaboración y el contacto estrecho con la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz (dgt.es) y la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz.
Estos hechos son de extrema gravedad, ya que se trata de unos delitos e infracciones administrativas que pueden generar consecuencias irreversibles, en atención al potencial peligro de un arma de fuego, una embarcación o un vehículo, ya que su manejo, careciendo de las condiciones psicofísicas adecuadas, puede convertirlos en un arma mortal. De la misma forma, es imprescindible el cumplimiento más exquisito de la legislación vigente en materia de tenencia de un animal considerado potencialmente peligroso, para evitar la expedición de certificados de aptitud que permita su tenencia sin las debidas garantías.
