La Guardia Civil (guardiacivil.es) ha dado a conocer la desarticulación de una trama internacional de tráfico de animales protegidos con ramificaciones en varias provincias españolas, entre las que se encuentran Málaga y Almería.
Se trata de la operación ‘Namib’, cuya explotación ha permitido la desarticulación de una red delictiva dedicada al tráfico y tenencia ilegal de especies protegidas. En total hay cinco personas detenidas y otras 18 investigadas, todas ellas vinculadas al comercio y a la tenencia ilícita de especies de fauna silvestre.
Los detenidos e investigados formaban parte de una organización criminal que operaba a nivel nacional e internacional, ya que numerosas de las especies detectadas procedían de Portugal. Esta red se dedicaba al transporte, comercialización y tenencia ilegal de especies animales incluidas en los Apéndices I y II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), cuyo comercio está estrictamente prohibido o fuertemente regulado.
Durante algo más de un año que ha durado la operación, los investigadores han contado con el apoyo técnico de personal dependiente de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (miteco.gob.es), autoridades administrativas y órganos de gestión del convenio sobre el comercio de especies protegidas.
Las actuaciones se han extendido por varias provincias del territorio nacional, entre ellas, Madrid, Málaga, Lugo, Ciudad Real, Almería y Badajoz, además de la propia provincia de Cáceres, donde se han concentrado los principales esfuerzos operativos.
Durante las inspecciones practicadas en múltiples establecimientos de venta de especies exóticas, almacenes e incluso domicilios particulares, los agentes han inmovilizado en torno a una treintena de ejemplares de fauna protegida, en su mayoría aves exóticas de la familia de los psitácidos-guacamayos, loros yacos africanos de cola roja, cotorras del sol, amazonas aestivas, y también reptiles, como tortugas de espolones africanos y tortugas leopardo, así como otras especies invasoras, entre las que destaca una suricata, un mamífero carnívoro originario del extremo sur de África.
Los detenidos pueden enfrentarse a penas de prisión de entre seis meses y dos años por delitos contra el medio ambiente y la protección de la flora y la fauna. Además, podrían tener que hacer frente a multas económicas importantes y, en todo caso, a la inhabilitación especial para actividades relacionadas con la tenencia o comercio de animales.
La gravedad de este tipo de delitos radica en que no sólo atentan contra la biodiversidad y el equilibrio ecológico, sino que también contribuyen al deterioro de ecosistemas frágiles y a la extinción de especies de alto valor ecológico, científico y cultural.
La operación ha sido desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza -SEPRONA- de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, contando también con el apoyo de los servicios de medioambientales de las comandancias de las provincias ya reseñadas en la información.
