La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a los responsables de tres establecimientos denominados ‘CBD Shop’, deteniendo a dos personas, además de investigar a una persona jurídica, como supuestos autores de un delito contra la salud pública, así como una amplia variedad de infracciones administrativas relacionadas con los hechos investigados.
Se trata de una operación tutelada por la titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Cádiz, denominada Sumiflor, que viene a poner coto a la comercialización de cualquier producto que provenga del cannabis, como son los cogollos de la marihuana. Además, se ha decretado el cierre de dos establecimientos en la capital gaditana, estando pendiente el tercero de los que abrieron al público, interviniendo cientos de productos de todo tipo que se comercializaban de forma ilícita.
Los detenidos disponían incluso de máquinas tipo ‘vending’, donde se podían adquirir los productos sin ningún tipo de control, llegando a diseñar su propia app para la venta de estos productos. Todos los productos y derivados de los cogollos de la marihuana están incluidos en la lista I de la Convención Única de Naciones Unidas sobre estupefacientes.
La operación se iniciaba en el verano del pasado año, cuando los guardias civiles de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras -UDAIFF-, de la Comandancia de Cádiz (guardiacivil.es) tuvieron conocimiento de que una empresa ubicada en la capital gaditana estaría comercializando cogollos de marihuana y otros derivados de los mismos en tres establecimientos de los denominados ‘CBD Shop’, uno de ellos con atención presencial y otro mediante el sistema de máquinas expendedoras.
Tras realizar distintas inspecciones fiscales en los locales abiertos al público, donde se aprehendieron miles de artículos relacionados con los hechos investigados, además de 65 kilos de cogollos de marihuana, secos y listos para su venta, se judicializaría la operación policial.
Ha habido que esclarecer dos principales ilegalidades; por un lado, un ilícito penal contra la salud pública, por cuanto se refiere a los cogollos de marihuana y todos sus derivados; y, por otro lado, una gran cantidad de infracciones administrativas de toda índole en cuanto a aquellos productos que se habían procesado a partir de las hojas y los tallos de la planta de cannabis, habiendo decenas de infracciones a distintas normativas, vinculadas a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS; la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN; por la Consejería de Salud y Familias, dependiente de la Junta de Andalucía; y por el Portal de Notificación de Productos Cosméticos de la Unión Europea, CPNP.
Se incautaron más de 80 tipos distintos de productos, sin contar con los distintos envases de cogollos de marihuana y de tabletas de resina de hachís, de las que además de incautar numerosas tabletas de 100 gramos cada una, en el momento de realizar una de las inspecciones, los guardias civiles encontraron en el mostrador de uno de los establecimientos una tableta de resina de hachís a la que le faltaba un buen trozo junto a un cuchillo de cocina, con la que los responsables del establecimiento troceaban o ‘postureaban’ el hachís en cuestión, al más puro estilo de los puntos de venta al menudeo.
Las investigaciones de los guardias civiles les llevaron a concluir que, además de sus actividades comerciales en los establecimientos de cara al público, realizaban ventas a través de paquetería a toda la península de cantidades de cogollos mucho mayores de las de un consumidor final, de las que se intervinieron 11 envíos de paquetería.
Los ahora detenidos pretendían justificar los cogollos de marihuana y productos enviados a diferentes localizaciones de la península con unas facturas de productos adquiridos fuera de territorio nacional a empresas del sector del cáñamo, sin que quedase acreditada la procedencia de lo incautado por una más que evidente falta de etiquetado y trazabilidad, exigible a cualquier producto que se vaya a comercializar por cualquier vía.
A todo ello, se daba la circunstancia de que los establecimientos se ubicaban junto a una guardería del centro de la capital gaditana y en las inmediaciones del hospital de referencia en la provincia.
Tras finalizar los plazos de alegaciones que la autoridad judicial había otorgado a los responsables de los establecimientos, se ha procedido al cierre de los locales, concluyendo por el momento con la detención de un hombre y una mujer como propietarios y responsables directos de los establecimientos, y la investigación de la entidad jurídica en la que se encuadraban los mismos, quedando pendiente la resolución judicial sobre el tercero de los locales.
