La Policía Nacional ha informado de que a través de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental -UCRIF- ha desarticulado en Algeciras una red dedicada a la realización de empadronamientos ficticios con el fin de favorecer la obtención fraudulenta de permisos de residencia y trabajo en España.
Gracias a la operación, nueve personas han sido detenidas y otras tres están siendo investigadas por su presunta participación en delitos de falsedad documental y favorecer la inmigración irregular.
La investigación se inició a mediados de 2024, respondiendo al notable incremento de personas empadronadas de manera ficticia en viviendas de la ciudad algecireña. Según fuentes policiales, los investigadores detectaron que en una vivienda de tan solo 25 metros cuadrados ubicada en el barrio de La Bajadilla estaban registradas 15 personas, la mayoría de ellas extranjeras y sin vínculo alguno con la localidad.
Situación similar se dio en otro domicilio de 50 metros cuadrados en el barrio del Saladillo, donde figuraban empadronadas 14 personas en circunstancias análogas.
Las pesquisas permitieron establecer que al menos 24 de estas personas nunca residieron en los domicilios en cuestión, sino que abonaron cantidades de entre 300 y 500 euros para obtener un
empadronamiento que les facilitara el acceso a derechos básicos como la asistencia sanitaria y, en última instancia, la obtención de un permiso de residencia y trabajo en territorio español.
El principal investigado operaba mediante el ‘boca a boca’, ofreciendo estos empadronamientos fraudulentos a personas en situación irregular a cambio de un beneficio económico. Se estima que en el último año habría obtenido aproximadamente 10.000 euros con esta actividad ilícita.
Como resultado de la operación policial, además de las detenciones, se ha solicitado la baja en los registros municipales de las personas empadronadas de forma fraudulenta.
La Policía Nacional advierte que esta práctica es una vía recurrente utilizada por personas en situación
irregular para garantizar su permanencia en España, al tiempo que terceros sin escrúpulos se benefician económicamente de la situación de vulnerabilidad de estos migrantes.
La Policía Nacional mantiene un plan especial para detectar y prevenir estos fraudes documentales, reforzando la vigilancia y las inspecciones en domicilios sospechosos de albergar empadronamientos irregulares. Asimismo, hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para denunciar este tipo de prácticas y evitar que personas en situación de vulnerabilidad caigan en redes de explotación fraudulenta.
