La Guardia Civil ha informado de la desarticulación de una organización criminal internacional, responsable de blanquear capitales a gran escala a través de criptomonedas. Se trata de la denominada operación IFADE-YUZUK. Entre las provincias donde se ha detectado ese blanqueo está la de Málaga.
Esta investigación se inició a mediados de 2023, gracias a la identificación de actuaciones sospechosas en el marco de las labores de prevención de la Guardia Civil como Resguardo Fiscal del Estado, a través de su Jefatura Fiscal y de Fronteras, sobre determinados aeropuertos españoles. La organización prestaba un servicio de blanqueo de capitales utilizando para ello la compensación a través de criptomonedas del dinero ‘sucio’ generado por las actividades de otras organizaciones criminales.
Este grupo realizaba una ‘compra’ del dinero en efectivo obtenido de forma ilícita, compensándolo mediante transacciones en criptomonedas, a cambio de una comisión cobrada que oscilaba entre el 2% y el 3%.
Seguidamente, ese dinero en efectivo era ‘vendido’, siendo también compensado en criptomonedas y mediando nuevas comisiones en porcentajes similares. De esta manera, la organización conseguía mantener saldo estable en las billeteras empleadas, garantizando una cadencia de entre 4 y 6 operaciones semanales con un flujo de 3 millones de euros a la semana.
Este dinero era extraído del país en vuelos comerciales, clandestinamente o amparándose su transporte en declaraciones de movimiento de medios de pago, siendo Chipre el principal destino. Posteriormente, optaron por los transportes por carretera para la ‘venta’ de ese dinero tanto en España como en países vecinos (Francia y Portugal).
La organización criminal, perfectamente estructurada y jerarquizada, se componía de al menos 52 miembros. Al margen de éstos, se identificaron clientes de los que recibían el dinero en efectivo, que tenía su origen principal en la comercialización de mercancías no sujetas a regulación especial procedente de China. Se han detectado entregas de efectivo en diferentes provincias españolas (Madrid, Barcelona, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante), Chipre, Francia y Portugal.
La actividad previa, consistente tanto en la venta de mercancía introducida en España de manera opaca para las autoridades fiscales y aduaneras, como en la venta de productos falsificados, culminaba en establecimientos situados en diferentes puntos de España como Badalona (Barcelona) y Manises (Valencia), si bien es en una localidad de Madrid donde se ubican la mayoría de locales involucrados.
El volumen de objetivos operativos ha requerido llevar a cabo esta operación en dos fases diferenciadas. Una primera que tuvo inicio el 28 de octubre pasado, centrada en la desarticulación de la organización criminal, con actuaciones en España, Chipre y Francia; y una segunda fase iniciada varias semanas más tarde, focalizada en los clientes de la organización asentados en España.
La investigación ha sido llevada a cabo en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Málaga, Zaragoza y Santa Cruz de Tenerife.
Asimismo, ha sido necesaria la colaboración de otros organismos externos como la Oficina Nacional de Investigación del Fraude -ONIF- de la AEAT; el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales -SEPBLAC-; la Oficina SIRENE España y la Secretaría General del Tesoro, así como analistas y especialistas en criptomoneda de Europol.
A nivel internacional, el caso requirió la coordinación y concierto de las autoridades judiciales y fiscales de España, Chipre y Alemania que, junto con Europol y gracias al papel de Eurojust, propició la constitución de un equipo conjunto de investigación.
Gracias al apoyo prestado por empresas colaboradoras se ha logrado el bloqueo preventivo de más de 26’4 millones de criptomonedas. Asimismo, se han bloqueado 29 cuentas con saldos por valor aproximado de 152.000 dólares.
De manera global, esta operación se ha saldado con los datos siguientes: 90 registros en total, de los cuales, 77 (entre domicilios particulares y sedes sociales) han sido realizados en España, 1 en Francia y 13 en Chipre; 20 personas detenidas en España, 1 en Francia y 2 en Eslovenia, y 17 investigadas. Además, se han intervenido numerosos dispositivos informáticos, 36 vehículos, así como 8’2 millones de euros en efectivo. Se han intervenido o bloqueado un valor superior a los 27 millones de euros en criptomonedas, así como diversos bienes inmuebles y más de 2 millones en cuentas bancarias.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de los de El Prat de Llobregat (Barcelona) ha sido desarrollada conjuntamente por parte de la Unidad Central Operativa y Unidades del Servicio de Información de la Guardia Civil.
