El Juzgado de lo Penal nº 1 de la localidad de Jerez de la Frontera ha dictado sentencia a favor de un agente de la Policía Nacional con destino en la Comisaría jerezana, condenando a una mujer residente en la localidad por difundir en redes sociales y aplicaciones de mensajería un video grabado por ella misma en el que increpaba, insultaba y difamaba a un miembro de la Policía Nacional en el interior del recinto del Hospital Universitario del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Los hechos, de los que ha dado cuenta la Policía Nacional (policia.es) en sus canales de distribución, sucedieron después de que el hijo de la condenada fuera detenido tras un operativo para disolver un macrobotellón que se estaba produciendo en la conocida plaza Jesús María, cuando los agentes actuaron tras las recurrentes quejas de los vecinos por ruidos, suciedades y daños en el mobiliario urbano.
El joven fue arrestado por acometer y tratar de agredir físicamente a los agentes actuantes cuando indicaban a los jóvenes congregados que debían deponer su actitud, siendo detenido por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y trasladado, debido al estado de alteración que presentaba, para su evaluación médica a la zona de Urgencias del recinto hospitalario.
La ahora condenada se introdujo en los boxes de Urgencias increpando e injuriando a los policías, centrando sus iras con uno en concreto, al que grabó mientras vertía infundios e insultos. Acto seguido, difundió el video del mismo junto con las falsedades a las que aludía en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.
La sentencia evidencia que la condenada grabó con su propio teléfono móvil al policía durante una intervención policial, profiriendo insultos, amenazas e injurias, difundiendo posteriormente dichas imágenes en varias redes sociales en las que realizó manifestaciones ofensivas y amenazantes, atentando contra la dignidad profesional y personal del agente de la Policía Nacional, al tiempo que alentaba y fomentaba en redes sociales un escarnio y señalamiento injusto contra el mismo.
Por todo ello, el juzgado ha condenado a la autora por un delito contra las Instituciones del Estado, previsto y penado en el artículo 504.2 del Código Penal en relación a varios artículos más de la misma norma legal. La condena es de una multa de 2.295 euros, yendo 1.200 euros de esta cantidad de indemnización directa al funcionario por los daños morales sufridos.
