Ha sido bajo la denominación de operación ‘Sombra negra’, cuando agentes de la Policía Nacional han desarticulado el mayor entramado de organizaciones de traficantes de cocaína que controlaban el océano Atlántico, los accesos al Estrecho de Gibraltar y los ríos españoles con el uso de ‘narcolanchas’. En el operativo han sido realizados 49 registros y se han detenido a 105 personas que formaban el entramado criminal.
Para la explotación de todo el operativo, la Policía Nacional española (policia.es) ha contado con la colaboración de distintas agencias contra el narcotráfico de estados aliados, como la Agencia Nacional contra el Crimen en Reino Unido (NCA) (nationalcrimeagency.gov.uk); la Administración para el Control de Drogas norteamericana (DEA) (dea.gov); la Dirección General de Seguridad Nacional marroquí (DGSN) (maroc.ma/es); la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) (european-union.europa.eu); el Centro Europeo de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico ubicado en Lisboa (MAOC-N) (cdt.europa.eu); y autoridades de Francia, Portugal, Colombia y Cabo Verde. Además, se contó con el apoyo directo del Centro Nacional de Inteligencia -CNI-.
Además de los registros y detenidos en la operación, han sido intervenidos 10.400 kilos de cocaína; 70 vehículos; 30 embarcaciones; seis inmuebles; tres armas de fuego; más de 800.000 euros; dos hexacópteros -drones equipados con seis rotores-; múltiples cuentas bancarias; más de 150 teléfonos móviles; diverso material náutico; y numerosos dispositivos electrónicos de última generación destinados al tráfico marítimo, valorado en 2.500.000 euros.
En la información trasladada por la Policía Nacional y el Ministerio de Interior (interior.gob.es) se alude a que, tras más de un año de investigación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 y la Fiscalía Especial Antidrogas de la Audiencia Nacional, el pasado mes de noviembre se realizó por fases la explotación operativa de ‘Sombra negra’, consiguiendo desmantelar una red criminal especializada, presuntamente, en la introducción de grandes cantidades de cocaína en territorio español a través de embarcaciones de alta velocidad conocidas como ‘narcolanchas’.
Estas embarcaciones partían desde el río Guadalquivir y otros ríos pertenecientes a las provincias de Cádiz, Huelva, Almería, Canarias, las costas marroquíes y Portugal, hasta adentrarse en el océano Atlántico. Allí se encontraban con buques nodrizas al objeto de trasvasar la sustancia estupefaciente para su posterior regreso al archipiélago canario y sur peninsular.
Las altas velocidades de las embarcaciones, en ocasiones superiores a los 40 nudos, y el uso de comunicaciones encriptadas, terminales satelitales, teléfonos móviles de difícil rastreo o un lenguaje codificado para evitar ser detectados por las fuerzas de Seguridad, les permitían operar durante las horas nocturnas dificultando las labores policiales.
La estructura de la organización se extendía desde Galicia, Portugal, Huelva, Cádiz, Málaga, Almería, Gerona y Ceuta, pasando por Marruecos, hasta las islas de Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife.
Se han realizado un total de 49 entradas y registros, contando con la participación del Grupo Especial de Operaciones -GEO- y el Grupo Operativo Especial de Seguridad -GOES-, ambos de la Policía Nacional. En concreto, estos registros tuvieron lugar en Lanzarote (14), Gran Canaria (14), Fuerteventura (2), Algeciras (11), La Línea de la Concepción (7) y Jerez de la Frontera (2). Entre todos los registros, se ha atacado al mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar, encargado de suministrar terminales seguras de comunicación a la mayor parte de narcotraficantes de Andalucía, y diverso material de navegación para las travesías en las ‘narcolanchas’.
Esta organización llegó a crear verdaderas plataformas acuáticas donde los pilotos permanecían incluso más de un mes embarcados en alta mar, realizando varias operaciones sucesivas. La trama disponía del momento exacto para los cambios de tripulaciones, mientras éstas se encontraban en el agua, y aportaba apoyo logístico a estas plataformas con los bienes y servicios que requerían.
La organización tenía sus propios centros de almacenaje de combustible, llegándose a demostrar el empleo de más de 100.000 litros. Embarcaciones de menor tamaño eran las encargadas de suministrar tanto la gasolina como los víveres, equipos de comunicación o la propia ropa para quienes acompañaban la droga desde el buque nodriza hasta nuestro país. Aparte, otras personas de la organización situadas en puntos de control realizaban labores de vigilancia para determinar la posición de los medios marítimos y aéreos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abarcando una amplia red de puntos de seguridad a lo largo de la costa española.
Los agentes tuvieron conocimiento de que la organización llegó a pagar 12.000.000 de euros a la familia de uno de los tripulantes fallecidos en un alijo, para garantizar su silencio y evitar así cualquier vinculación con las actividades delictivas.
Esta operación se ha desarrollado en dos fases, culminando la primera de ellas con resultado de 48 personas detenidas y 29 registros en Lanzarote (14), Gran Canaria (13) y Fuerteventura (2), llegando a intervenir aproximadamente 100.000 euros; cerca de 3.800 kilos de cocaína; 69 vehículos -19 embarcaciones y motos acuáticas-; seis inmuebles; cuentas bancarias; tres armas de fuego cortas; numerosa documentación; y diversos útiles destinados al tráfico marítimo, como teléfonos vía satélite y dispositivos de geolocalización.
En una segunda fase se practicaron otros 20 registros -Algeciras (11), La Línea de la Concepción (7), y Jerez de la Frontera (2)- donde se han intervenido más de 700.000 euros; dos hexacópteros; diverso material náutico; y numeroso material tecnológico de última generación (inhibidores de frecuencia, amplificadores wifi, y conexiones satelitales), logrando desarticular esta red criminal que operaba en el Campo de Gibraltar con la detención de 57 personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.
Las investigaciones han permitido detectar que esta organización criminal era la responsable de la introducción en Europa de 57.000 kilogramos de cocaína en el último año. Contaba con coordinadores en Marruecos, Cádiz y Canarias, encargados de recibir y distribuir estupefacientes procedentes de Colombia y Brasil, logrando intervenir las autoridades portuguesas 6.600 kilos de cocaína a bordo de una embarcación semi-sumergible.
Esta operación se ha llevado a cabo empleando la financiación de la Unión Europea. Esta estrategia se enfoca en cuatro puntos clave, como son establecer un entorno de seguridad preparado para el futuro; combatir las amenazas emergentes; proteger a los ciudadanos europeos del terrorismo y la delincuencia organizada; y forjar un robusto ecosistema de seguridad europeo.
